RIPA: “multar a los bancos es un acto de demagogia y la ley es impracticable”

El Ejecutivo Provincial vetó la “ley anticolas”. El proyecto sancionado no distingue instituciones públicas de las privadas como tampoco hace distinción de las actividades que se realizan en cada área. El subsecretario de Asociativismo y Economía Social dijo que buscan “poner a la gente en contra”.

El Gobernador de la provincia del Chubut Martín Buzzi vetó ayer el proyecto de Ley sancionado por la Legislatura provincial, con fecha 16 de abril, donde se fijaba la obligatoriedad de asegurar la atención de los usuarios de instituciones, empresas y organismos públicos y privados, en un plazo no mayor a 30 minutos desde su ingreso al establecimiento.

Esta Ley, denominada “anticolas” fijaba también la imputación de sanciones económicas a quienes no la cumplan y las mismas podrían ser entre 100 y 5.000.000 de pesos a las entidades financieras y de servicios que no le den cumplimiento.

El Gobernador Buzzi determinó el veto total de dicha Ley, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 142º la Constitución Provincial, y la herramienta legal para tal fin fue el decreto Nº525, que lleva la fecha del 25 de abril del corriente año, firmado por el mandatario provincial y refrendado por el ministro de Gobierno y Justicia, Javier Touriñán.

En relación a los argumentos esgrimidos para fundamentar la decisión se puntualiza que es “a todas vistas gravoso en función de existir trámites que requieren un tratamiento que dispensaría una mayor cantidad de tiempo que el que se pretende establecer”.

El subsecretario de Asociativismo y Economía Social de la provincia, Juan Ripa, defendió la posición del veto argumentando que “el proyecto presentado por el legislador Jerónimo García apunta claramente hacia el Banco del Chubut y busca una medida populista para generar malestar de la gente hacia esa entidad”.

Ripa afirmó también que “el proyecto que se sancionó y fue vetado no toma en cuenta los distintos trámites que se pueden realizar en las instituciones y que esto también varía según sean públicas o privadas”. Agregó que “tampoco se tiene en cuenta la utilización de nuevas tecnologías para la realización de trámites y que no todos los clientes están habituados a emplearlas de la misma forma, por lo que la aplicación de sanciones podría afectar arbitrariamente a las instituciones abarcadas”. El funcionario dijo: “Las características de cada entidad son particulares, por eso el proyecto es impracticable y menos aún con leyes demagógicas”.

Por otra parte, Ripa se refirió también a aquellas entidades bancarias “que abonan los planes sociales y otra serie de trámites que generan beneficios a un sector importante de la población, que hacen que se multipliquen los trámites que se atienden, en determinados días del mes”.

Asimismo, el subsecretario de Asociativismo y Economía Social se refirió de manera crítica a los montos fijados en concepto de multas a aplicar a toda entidad que no cumpla la norma: “Multar a los bancos no es más que hacer demagogia pura”, dijo, y agregó que coincide con el considerando del veto que califica a las multas como “desproporcionadas en lo que atañe a los montos fijados, llegando en algunos puntos a rozar vicios de confiscatoriedad, que atentaría contra garantías de orden constitucional”.