Intiman a Das Neves por los 650 millones de dólares

El 22 de enero del año pasado la Honorable Legislatura del Chubut  sancionó la Ley VII Nº 72, que declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial.

Esa Ley facultó al Poder Ejecutivo Provincial, a realizar operaciones de crédito público, contratación de préstamos, otorgamiento de avales, fianzas, garantías y/o emisiones de títulos de deuda, para disponer de hasta una suma equivalente a seiscientos cincuenta millones de dólares estadounidenses (U$S 650.000.000.-).

La Legislatura, tal lo establecido en el artículo 12°, constituyó una comisión de información, seguimiento y control del endeudamiento autorizado por la Ley y de su utilización, que está integrada  por los legisladores Gabriela Marisa Dufour, Eduardo Conde y Alejandro Albaini quienes  deben elaborar y elevar un informe trimestral al cuerpo.

En la fecha se elevó una nota intimando al gobierno provincial a proporcionar la información faltante que permita saber de manera indubitable que está haciendo el P.E. con lo que queda de los 650 millones de dólares, y elaborar el segundo informe trimestral.

En los primeros días de febrero se conoció el primer informe de la Comisión de Seguimiento. Entre las conclusiones se puede leer: “en relación al proceso de estructuración del bono, las demoras en la misma y la falta de transparencia al no utilizar el mecanismo de oferta pública, generan un conjunto de dudas sobre los resultados de la transacción analizada.

Más aún cuando vemos las tasas más favorables que obtuvieron otras Provincias que colocaron bonos con posterioridad a Chubut, pero durante el mismo período. Esto se agrava al considerar que en los hechos, los montos obtenidos del endeudamiento han estado inmovilizados y no se iniciaron ni las obras ni se terminó de cancelar el endeudamiento existente, con el consiguiente perjuicio financiero.

La Comisión de Seguimiento deberá profundizar el estudio de las clausulas jurídicas para advertir si existen, a partir de las formas elegidas en la estructuración del bono,  situaciones asumidas por la Provincia que a priori no sólo han implicado mayores costos, sino posiblemente un conjunto de riesgos, aún no cuantificados.

Respecto de la deuda relevada y verificada con el sector privado y de acuerdo a la información suministrada, existen montos cancelados que no podrían haberse abonado con los fondos de la Ley de Emergencia y para los cuales se solicitará la intervención de los organismos de control.

En igual sentido se deberá actuar respecto de las severas inconsistencias de la información enviada a esta Legislatura.  Así también se reiterarán las solicitudes a la Contaduría y Tesorería de los datos precisos sobre los pagos que se cancelen con el endeudamiento para verificar el adecuado uso de los  fondos.

Respecto del Presupuesto es indispensable sincerar la situación provincial y no ocultar datos en función de los relatos mediáticos. Existe una clara sub ejecución que pone en riesgo el funcionamiento operativo del Estado y claramente no existe deuda pública exigible que haya impedido la prestación de servicios.

Sí resulta evidente una lentitud en la gestión que impacta en la paralización de los servicios básicos, ya que la deuda flotante informada al 31 de diciembre del 2015 representa del presupuesto reconducido el 1 de enero del 2016, una porción inferior al 4 % del total de los gastos y la deuda financiera exigible en el período, el 7,5 %.

Es decir, de ninguna manera ponían en riesgo la prestación de los servicios, al punto que claramente el desequilibrio actual, es mayor y de perspectivas más complejas e inciertas”.

Estableció la Ley VII Nº 72 que el Poder Ejecutivo, a través de los Ministerios de Infraestructura, Planeamiento Servicios Públicos y de Economía y Crédito Público, deben remitir a la comisión legislativa la información documentada dentro de los cinco (5) días hábiles de producido cada acto administrativo, pero esto no lo cumple el gobierno de Mario Das Neves, y por ello la intimación formulada hoy día con la firma de la Diputada Gabriela M. Dufour.