Acusaron a Aluar por “trampas y fraude” con el aire de Madryn

El Ingeniero Carlos Moreno, hizo uso de la banca del vecino. Admitió que “estoy presentando un proyecto de resolución sobre residuos peligrosos” agregando que “estamos solicitando que el Departamento Ejecutivo Municipal gestione controles de medio ambiente”.

Básicamente lo que hizo Moreno fue hablar sobre el flúor y sus problemáticas, diciendo que “esto sucede hace 38 años con la llegada de ALUAR. Yo lo llamo ‘La Gran Estafa’, y me refiero al ocultamiento de esto, se han hecho controles sistemáticos para defender todo el tiempo a la empresa”.

Asimismo señaló la necesidad de declarar un estado de alerta como paso previo a lo que podría ser la emergencia, para que la gente tenga derecho a recibir toda la información sobre lo que ocurre con la calidad del aire en la ciudad.
Moreno intentó trazar un panorama de la situación de la calidad del aire en Puerto Madryn.

“Hace 38 años arribó a este municipio la comisión de Estudios Geofísicos para estudiar la problemática de flúor que se venía con la planta de Aluar, pero dejó de ser problema y conocimiento público en 1976. Nosotros en 1997 la retomamos y seguimos durante estos años verificando lo que llamo como: la gran estafa”, comentó Moreno.

Este título obedece, según el vecino, al “ocultamiento de la verdadera problemática, así como las mediciones y evaluaciones que se han hecho sistemáticamente para proteger una contaminación que todos conocemos”.

En su relato recordó que la comisión Barros advirtió qué sucedería con el accionar del flúor pero nadie lo consideró y, durante tres décadas, se prosiguió con esta práctica. Como antesala a su exposición en el cuerpo deliberativo la chimenea de la planta de Aluar volvió a producir una intensa y prolongada humareda como recurrentemente sucede desde hace años.

El eje central de las palabras de Moreno estuvo focalizados en cómo deben medirse las emisiones que, según su perspectiva, deben realizarse con la metodología utilizada por Barros en 1975. “Era un burbujeo en una probeta y, posteriormente, tomar la concentración de flúor y medirla con el instrumento Orión y que el municipio dispone desde hace años y que fuera donado por Aluar, pero que no sabemos dónde está”, lanzó Moreno.

“Maniobra fraudulenta”

Todo esto se concretó hasta 1997 donde “interés mediante” la “empresa presenta un estudio de impacto ambiental donde da los números reales y que venían midiendo hacía 10 años. Allí nosotros dijimos que estaban pasados en las emisiones”. Esta situación derivó en una presentación ante la Justicia Federal que sigue aguardando por su definición.

Con estos resultados se avanzó en la “maniobra más fraudulenta”, dijo Moreno, quien puntualizó que “cambiaron el sistema de medición, llamaron sistemáticamente al representante de Aluar para saber cómo y qué hacían, mandaron informes al municipio que nunca entendieron pero que se mostraron como convincentes y dispuestos a aceptarlos”.

Desde la banca del vecino solicitó que se instrumenten las medidas necesarias porque “esto no puede seguir así”, al tiempo que denunció que “la Carta Ambiental se aprobó falsamente porque en su momento le cambiaron la hojita donde decía quéestándares debíamos adoptar para la medición de fluoruro. Se la cambiaron y le pusieron la que pretendía Aluar, Fundación Patagonia Natural y el Cenpat. Esto fue lo que hicieron: una estafa”.

Derecho a conocer

El estudio y seguimiento de las emanaciones realizadas durante estos años llevó a Carlos Moreno a sostener la hipótesis de la realización de “trampas” para intentar justiciar ciertos parámetros. “La trampa más notable fue haberle otorgado un permiso ambiental dado como emisiones específicas de flúor. Esto quiere decir que Aluar y cualquier empresa de aluminio pueden emitir flúor en una cantidad proporcional a la producción. Esto es una barbaridad, un fraude”.

Asimismo refirió a que se llegó a esta situación porque “en 2003 había una necesidad a aceptar el último proyecto de ampliación de la planta. No sabían cómo hacer porque en la audiencia de impacto ambiental y en la justicia estaba claro que estaban pasados en las emisiones con la planta original, no hablo con la primera ampliación”, denunció Moreno.

Para poner un freno a esta situación propicia un proyecto de Resolución que apunta a revisar el permiso de emisión a infinito y para que las emisiones “se comparen con los valores que corresponden por ley y que se declare un estado de alerta. Esto para que las autoridades sanitarias sepan dónde vive la gente de Madryn y para que los vecinos tengan al menos la oportunidad de decidir dónde se queda o a dónde se va, dónde trabaja y qué hacer. Esto es un derecho que tiene la gente de la ciudad y no se lo puede negar con esta estafa”

Fuente: Diario Jornada