Terror, negocios y desaparecidos

A poco de cumplirse un año de los trágicos sucesos ocurridos en Corcovado, provincia de Chubut

(cainonline.com.ar)

A poco de cumplirse un año de los trágicos sucesos ocurridos en Corcovado, provincia de Chubut, cuando el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) tomó ilegalmente posesión del pueblo y durante días instauró el terror entre los pobladores; poco se ha avanzado (por no decir nada) para castigar a los represores. Mientras, el poder político encabezado por Mario Das Neves opta por el terror para disuadir cualquier intento de resistencia a sus sucios negocios(aw)

Casi un año pasó desde que el GEOP con el pretexto de buscar un prófugo en el pequeño pueblo cordillerano de Corcovado ,desató entre los pobladores una ola de terror que nada tiene que envidiar a la dictadura militar. No faltaron los abusos, las torturas, ni los desaparecidos.

De crímenes de lesa humanidad a abuso de autoridad

La jueza Carina Estafanía desestimó el 14 de diciembre pasado el dictamen realizado por el fiscal de Esquel, Martín Zachino, que calificaba como «delitos de lesa humanidad» a los cometidos por el GEOP en Corcovado. A partir de allí se intimó al ministerio público fiscal para que realizara alguna de las alternativas que prevé el código procesal de Chubut «Esto es: o hacía apertura de investigación, desestimaba o archivaba.» Según declaró a esta agencia el defensor público penal de Esquel constituido en querellante junto a las víctimas en esta causa, Omar López.

Hay quienes afirman que más allá de la fundamentación de la decisión de la jueza, el objetivo político de esta medida fue no permitir que la causa saliera de Chubut. De haber prosperado el dictamen de la fiscalía, un tribunal federal sería quién debiera tomar cartas en el asunto.

Finalmente el pasado 1º de marzo el fiscal Zachino formalizó la investigación de sólo cinco de la veintena de denuncias realizadas. El resto de los hechos denunciados podrían pasar a archivo por no haber «elementos suficientes» para llevar a cabo una imputación.

Llama la atención que el mismo funcionario que calificó los hechos como «delitos de lesa humanidad» pasó sin más a considerarlos como «abuso de autoridad con vejaciones agravadas». Llamativo es también que solamente se haya imputado al jefe operativo del GEOP; Miguel Gómez; que sólo se investiguen cinco de los hechos y que entre ellos no se encuentre la desaparición de Luciano González, ocurrida el 12 de marzo del año pasado en la localidad de Cerro Centinela. ¿Presiones? Vaya uno a saberlo.

Por su parte el defensor público Omar López, que se ha convertido en acusador debido a una excepción que prevé la ley de la defensa pública que se aplica cuando se ha generado algún tipo de violencia institucional o policial, aseguró que en Corcovado «los delitos cometidos serían: abuso de autoridad, vejaciones, coacción, lesiones, daño y privación ilegítima de la libertad. Una serie de delitos que están enmarcados en la descripción de los hechos que nosotros hemos realizado. Son doce en total. Estamos legitimados procesalmente. Tenemos poder de cada una de las víctimas para que actuemos en ese sentido.» Así mismo sostiene que se deben imputar además de a Miguel Gómez, al comisario de la primera de Esquel, Oscar Marinao y a Oscar Muñoz, comisario de Corcovado.
Recordemos que en la comisaría 1ª de Esquel se pretendió asesinar al joven Daniel Bustos y hacerlo pasar como un intento de fuga.

«El comisario de Corcovado participó en uno de los hechos en forma sumamente violenta. Había tres adolescentes en una vivienda, los agredió violentamente y se rompió la casa. Aparte sin ninguna justificación porque el allanamiento estaba dado para otro domicilio. El debía conocer esto porque era el comisario de una localidad extremadamente pequeña y conoce perfectamente a sus moradores. Ese hecho constituye a mí entender un allanamiento ilegal.» Manifestó a Agencia Walsh el Dr. López.

De todas formas la querella para poder avanzar en la investigación debe esperar que el ministerio público fiscal comunique su decisión de archivar o no, las denuncias sobre las que no ha abierto investigación.

Mario Das Neves candidato golpe a golpe

El 28 de agosto del año pasado mientras en Neuquén, Das Neves lanzaba su candidatura a presidente; en el asentamiento «La Dignidad» de la ciudad de Trelew, el GEOP desalojaba violentamente a más de cien familias humildes. «El balance fue aterrador, la violencia no discriminó entre hombres, mujeres y niños, todos cayendo bajo la dura mano de la represión. Hubo heridos de gravedad con lesiones irreparables según se sabe, varios detenidos y hasta se avasalló el derecho a la atención médica de los heridos cuando el diputado provincial Fernando Urbano que se presentó en calidad de médico fue detenido violentamente» informaba en ese momento la agencia Nodo Sur (ANS).

¿Caso excepcional? ¿Exceso? Ni lo sucedido en La dignidad, ni lo ocurrido en Corcovado aparentan serlo, más bien parecen muestras de una práctica política sistemática. Si no veamos:

Un grupo de dirigentes docentes, la madrugada del 28 de abril de 2009, fue desalojado violentamente del ministerio de Educación provincial mientras esperaban una respuesta sobre la fecha de convocatoria a la negociación paritaria. Muchos de ellos denunciaron posteriores persecuciones.

El GEOP golpeó con brutalidad a 4 chicos y a 2 mujeres, una de ellas embarazada, que estaban en una esquina del barrio Tiro Federal de Trelew. El hecho ocurrió el 29 de julio del año pasado.

A principios de agosto de 2009 alrededor de 150 familias fueron violentamente desalojadas frente al barrio Los Aromos de Trelew.

El 10 de noviembre trabajadores de la construcción pertenecientes a la UOCRA fueron duramente reprimidos por el GEOP durante un corte de la ruta provincial Nº 2 en el acceso a la península de Valdés. Y el 14 de diciembre del mismo año los trabajadores de la pesca pertenecientes al SOMU sufrieron violenta represión frente al ministerio de Economía de Rawson, en donde se estaba desarrollando una reunión para destrabar el conflicto entre los trabajadores y los patrones de la flota amarilla de la capital provincial chubutense.

Sería liviano pensar que la brutalidad con que resuelven Das Neves y su policía los problemas sociales, se deba al espíritu dictatorial del gobernador o a una especie de saña morbosa o sólo tenga fundamento en la formación para la represión que recibe la policía. Más bien, tendríamos que hablar de una modalidad política, de una decisión de implantar el miedo para quebrar resistencias, para hacer realidad las principales intenciones del gobierno: negocios que lesionan los intereses de la mayor parte de la población.
Business are Business

No es que la política del gobernador Das Neves constituya un caso único en el país o en la región, por el contrario, el modelo se repite en casi todas las provincias y forma parte de una política nacional. La reciente represión en Andalgalá que castigó la osadía de resistencia al proyecto minero de «Agua Rica» y la represión a los mapuche de la comunidad Paichin Antreao de Villa La Angostura, que se opone a la ilegal usurpación del yanqui William Fisher, son solo algunas muestras de lo que hablamos.

Nadie que conozca las consecuencias de la legislación minera impulsada por Menem en los ´90 puede pensar que la actividad puede traer desarrollo económico a región alguna. Al margen del desastre ambiental que esta labor produce, los beneficios y ventajas que la legislación prevé para las empresas y en detrimento de los estados y poblaciones son escandalosos. Das Neves no puede ignorar esto. Por ese motivo la única manera de leer el «Tenemos que desarrollar la explotación de los recursos mineros» expresados por el gobernador de Chubut durante la reciente apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, es con la firme sospecha de la existencia de turbios negocios entre empresas mineras y poder político. Tampoco sorprende en este marco, que la legislación entreguista perdure a pesar de la verborragia antimenem, ni que no se haya vuelto atrás con la privatización de YPF. Negocios son negocios.

En esa dirección se debe vincular también el reciente traslado del obispo de Chubut, Virginio Bressanelli, a Neuquén. El obispo fue uno de los férreos opositores institucionales a la pretensión de las mineras de avanzar en la meseta central del Chubut.

No escapa a la memoria colectiva, ni a la del gobernador candidato, la histórica lucha llevada a cabo por la población de la provincia contra minas y represas. En el caso de Corcavado, el pequeño pueblo ocupa un lugar estratégico en la zona. Está a sólo 20 km de la frontera con Chile y en la localidad fronteriza de Palena en territorio chileno, se realizaron 180 exploraciones mineras donde se encontró oro y otros metales valiosos. Para extraer los minerales las empresas norteamericanas precisan grandes volúmenes de agua. La construcción de la represa en Corcovado tiene que ver con estos proyectos.

Casualmente un mes y medio después de la represión en Corcovado el gobernador anunció este emprendimiento. ¿Casualidades? No lo creemos. Business are business y la represión, al servicio de ellos.

El próximo 12 de marzo se cumple un año de la desaparición de Luciano González y de los trágicos sucesos de Corcovado. Ese día la población de Esquel y Corcovado estarán frente a los tribunales reclamando justicia. Estarán recordándonos a todos que la dignidad no cotiza ni con oro ni con plomo.

agencia walsh