SOLICITADA: EL PODER POLITICO Y EL PODER JUDICIAL. UN SOLO CORAZÓN

A los jueces les molesta tamañas conclusiones, y se resienten. A los políticos no se les mueve un pelo.

Hace más de tres meses la Legislatura del Chubut me desplazó del cargo de Delegado Regional de la Oficina Anticorrupción en la ciudad de Puerto Madryn, con motivo de un defecto en mi nombramiento. En verdad, lo hizo porque estaba investigando al poder político, a nivel provincial y municipal, en todos los ámbitos de sus competencias.

Frente a la arbitrariedad de la decisión promoví inmediatamente una acción de amparo, que también lleva tres meses sin que aún el juez designado en la causa haya evaluado siquiera la admisibilidad del proceso. La ley de amparo establece que dicha evaluación debe hacerse dentro de las 24 horas de promovido el trámite. El 23 de este mes se cumplieron 90 días de mora judicial.

El proceso se estancó a consecuencia de la intervención del Superior Tribunal de Justicia, con motivo de una contingencia que no viene al caso detallar.

El único paso efectivo que aconteció durante este tiempo fue la admisión de una medida cautelar, impidiendo que el cargo fuera ocupado hasta tanto se resolviera el juicio de amparo. Así se ordenó por un juez inferior pero el Superior Tribunal dejó sin efecto la medida, argumentando que, si me asiste razón en el planteo, pues habré de ser reincorporado igualmente.

Sin embargo el cargo fue inmediatamente ocupado a instancias de la Legislatura, de tal manera que, de prosperar mi acción, el Estado habrá de afrontar dos salarios, el mío y el del funcionario designado en mi reemplazo.

Repárese que las delegaciones de Comodoro y Esquel no tienen designado el Delegado, de manera que la cobertura de Madryn poco tuvo que ver con razones funcionales.

Mi nombramiento sigue vigente, el acto administrativo emanado de la Legislatura y que me designó en la función,  no fue removido. Solo se limitó el Cuerpo a no ratificar mi continuidad, desconociéndose absolutamente las normas que regulan la materia.

Uno de los factores que intervino en el deficiente tratamiento del asunto alude a la reforma del régimen del amparo, dispuesta por esta Legislatura, que impone iniciar el trámite ante las Cámaras de Apelaciones, eludiendo la participación de los jueces de primera instancia, y haciendo que el Superior Tribunal intervenga como tribunal de apelación, todo lo cual ha generado la enorme morosidad que denuncio. Los jueces del alto tribunal no respetan los plazos procesales. Se toman el tiempo que ellos libremente deciden, mientras ocupan ese tiempo en reuniones protocolares con todos los actores sociales y políticos que lo requieren. Así lo vemos a diario en las noticias.

También esta Legislatura dictó simultáneamente a la reforma del juicio de amparo una ley especial para el tratamiento de las medidas cautelares, todo con el fin de obstruir las demandas contra el Estado.

Ambas normas son inconstitucionales y ya los tribunales lo están declarando así. Al Superior le pedí que lo hiciera, pero siempre hubo silencio.

Los Colegios de Abogados y la Asociación de Magistrados hicieron lo propio.

Es evidente que todo cuanto acontece en el caso no es fruto del azar. Hay una mano negra que viene poniendo palos en la rueda.

Siempre he sostenido que el poder judicial no controla al poder político, por varias razones: reverencia, temor, complicidad, conveniencia, etc. etc.

Los jueces del Superior Tribunal que intervienen en mi caso son los Dres. Silvia Bustos, Mario Vivas y Ricardo Napolitani.

El Dr. Vivas ya viene integrando el tribunal desde hace unos años.

La Dra. Bustos, ex jueza de Faltas del Municipio de Rawson, sin rango jurisdiccional, ha sido recientemente designada en el cargo. Dicen que la propuso el radicalismo. Más allá de sus cualidades personales, debo expresar mi profundo desagrado por el nombramiento. El acceso a tamaña función debe ser el fruto de una coronación en la vida profesional del que accede al cargo. Nuestro partido jamás antes de ahora ha demostrado tamaño desprecio por la relevancia y jerarquía académica de un espacio semejante. Supongo que la propuso el mismo grupo de dirigentes radicales que hoy conduce la UCR, los mismos que no se pronunciaron públicamente con motivo de mi remoción, a diferencia de la militancia que lo hizo enérgicamente, y a quien agradezco sinceramente.

Al Dr. Napolitani lo conozco de Comodoro Rivadavia, desde antes de su calvicie. Dicen que lo eligió el gobernador Arcioni.

Al gobernador lo denuncié penalmente con motivo de la privatización de las plantas de verificación de automotores, que se hizo a contramarcha de todo el ordenamiento administrativo, legal y constitucional vigentes.

Juan Bautista Alberdi, ilustre pensador argentino e inspirador de nuestra Constitución Nacional nos decía al respecto: “El que nombra al juez, dicta la sentencia”.

Así son las cosas. Habrá que continuar por esta senda, la de la difusión del caso, de manera de ir dando cuenta de los sucesos judiciales que se vinculan con el poder político.

El ciudadano común no se interesa en estos asuntos. Algunos lo abordan como parte de una charla coloquial entre sus congéneres.

Pero debería preocuparse y ocuparse. No por mí, sino por la vigencia de un sistema, que solo se haya estampado en la letra fría del papel. Los hombres que lo integran hacen lo que les parece o les conviene, sin importarles el camino correcto. Abusan de su autoridad, en muchos casos con rasgos delictivos. Y encima prestan juramento de cumplir con la Ley y la Constitución. Una verdadera fantochada!!!

Para terminar, sabían que entre los cuatro magistrados designados en el Superior Tribunal de Justicia recientemente, hay más de uno que jamás escribió una sentencia antes de su nombramiento?

ATENTAMENTE.

EDUARDO JOSE CONDE