Se inició proceso penal a familias asentadas en tierras de San Miguel S.A.

La jueza Marcela Pérez Bogado dictó la apertura de investigación en la causa por “usurpación”, pero rechazó la solicitud de desalojo como medida cautelar realizada por la fiscalía y la querella. La magistrado afirmó, citando el criterio de los jueces penales de Puerto Madryn, que el desalojo corresponde realizarse por la vía civil.

El mediodía del viernes se realizó la audiencia de apertura de investigación a parte de los imputados por la presunta comisión del delito de “usurpación” en tierras pertenecientes a la firma San Miguel y la Fiscalía solicitó el desalojo de los imputados como medida cautelar.

Este pedido fue acompañado por el abogado Sergio Fassio, representante legal de la empresa San Miguel, quien se presentó como querellante autónomo en la causa. Fassio afirmó que se trata de un “problema social que un privado no puede hacerse cargo y entendemos la situación de carencia de la gente que está tomando predios en cuestión. Igualmente, la permanencia de los sindicados se puede incrementar, por lo cual debe rechazarse hacerse lugar a la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público Fiscal”.

Por el contrario, el abogado defensor Lucio Brondes indicó que el desalojo tiene su fuero pertinente y es el proceso civil. Indicó que la totalidad de los jueces penales de Puerto Madryn no hacen lugar a los pedidos de desalojo y que el mismo debe proceder por la vía civil, prevista contra los ocupantes y cualquier intruso. Además, reiteró que dictar el desalojo en la vía penal representaría violentar el principio de inocencia por no tener acreditado un delito antes de un juicio que lo destruya.

Asimismo, durante la audiencia estuvieron presentes cuatro imputados que por consejo del defensor decidieron no declarar por el momento. Hay que comentar que la policía logró notificar solamente a 4 de las 17 personas que habían sido identificadas con anterioridad; por lo cual se realizará una nueva audiencia para comunicar formalmente a los individuos restantes de la investigación que se inicia en su contra. A partir de allí, podrán ejercer su derecho a defensa durante todo el proceso penal.

Hay que recordar que la Fiscalía había solicitado el inicio de acciones penales a 17 familias denunciadas por usurpación y pedido la medida cautelar del desalojo; todo ello a raíz de la denuncia efectuada por los apoderados legales de la firma San Miguel días atrás, cuando aportaron fotográficas que constatan que las tierras de su propiedad poseían carteles de “propiedad privada” desde el año 2010, antes de ser ocupados ilegalmente. Dichos terrenos en cuestión se encuentran ubicados sobre la calle Dorrego, entre el acceso a las Quintas del Mirador y la Ruta 1.

Finalmente, la jueza penal Marcela Pérez Bogado dictó realizar la apertura de la investigación por el plazo legal de 6 meses pero no autorizó la medida cautelar del desalojo solicitado por la Fiscalía y la querella. Entre los fundamentos vertidos, la magistrado consideró que imponer el desalojo representaría violentar el principio de inocencia al no tener acreditado un delito antes de un juicio que lo destruya; pero principalmente, indicó que el fuero pertinente para realizar el desalojo es por medio de la vía civil.