Multimillonarios negocios con las tierras en Chubut

El bloque de diputados de la Unión Cívica Radical impulsará una declaración parlamentaria en Chubut en apoyo de la pronta sanción de un proyecto de ley nacional que determina restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales.

El proyecto, que viene siendo presentado desde hace casi diez años por la Federación Agraria Argentina a nivel nacional, tiene como objeto corregir los defectos de la estructura agraria representados por la presencia de acumulación de tierras por grandes grupos económicos, la venta a titulo especulativo de ellas y la exclusión de miles de productores agropecuarios.

El panorama en Chubut fue descripto por el diputado Carlos Lorenzo quien adelantó que la Unión Cívica Radical  profundizará durante el corriente año su trabajo “para la declaración de la nulidad de la totalidad de los títulos de propiedad otorgados durante la gestión Das Neves, en el marco del decreto N° 74/05”.

“El peronismo mantiene la concepción de su gobierno neoliberal de los ’90 que tuvo el apoyo generalizado de la mayoría de sus dirigentes actuales”, recordó, acusando al Poder Ejecutivo Provincial de “ser socio en el proceso de la extranjerización de la tierra en Chubut” y de facilitar “muchos negocios inmobiliarios absolutamente multimillonarios”.

“El Estado de la Provincia del Chubut tiene muchísima responsabilidad. Hay un negocio inmobiliario en el que ha participado”, sostuvo.

El legislador planteó como objetivos principales la recuperación de las tierras con bosque nativo y la búsqueda de los inspiradores y ejecutores de esta política, confiando en que “llegará el día en que la justicia se decida a avanzar sobre las denuncias presentadas”.

“Cada vez que se dice que los títulos de propiedad fueron para atender a nuestros paisanos es mentira”, afirmó.

Lorenzo advirtió que “la escasa legislación  existente es utilizada con picardía, a través, por ejemplo, de personas jurídicas” y puntualizó la existencia de responsables.

“Es impresionante la posesión de la tierra de lugares magníficos en manos de extranjeros”, añadió, anticipando que “avanzaremos en Chubut, fundamentalmente en el trabajo judicial para lograr la nulidad de la totalidad de esos títulos de propiedad otorgados en la Provincia.

Responsabilidad estatal

El decreto N° 74/05 “permitió el otorgamiento de títulos a personas que vendieron sus campos a una intermediación, la cual terminó entregando la tierra a extranjeros en casi su totalidad”, indicó el diputado.

La operación de traspaso se simboliza hoy en “la existencia de un simple alambrado que impide el acceso a los lugares públicos a quienes –en definitiva- tienen ese derecho: los ciudadanos argentinos”, describió.

Lorenzo consideró  que el proceso por el cual se produce la extranjerización de la tierra “tiene que ver con la pasividad del Estado en regular este tipo de cuestiones” y confió en avanzar durante el corriente año en “el necesario debate de la cuestión”.

“Mucho tienen que ver las gestiones locales que poseen el poder de policía sobre el manejo de las tierras y del bosque nativo en el caso del Chubut. La legislación es materia de las Provincias y no de la Nación”, aclaró.

El diputado radical aludió a la presencia de sociedades anónimas que permiten que “acá no se encuentre nunca a un extranjero que sea propietario” y mencionó concretamente el caso de la zona del río Corcovado, “en su gran mayoría en manos de extranjeros a lo largo de su recorrido con excepción de pocos kilómetros en posesión de de argentinos”.

Denuncias

“Hay denuncias penales presentadas, hay acciones de inconstitucionalidad, hay conflictos de poderes, hay presentaciones hechas al Defensor del Pueblo de la Nación y de la Provincia porque obviamente hay responsables”, expresó el diputado radical.

Lorenzo apeló a casos concretos como la costa norte del Lago Cholila y la zona de Valle Hondo (“un área espectacular con ríos y arroyos que tiene la particularidad de que sólo se accede por el lado de Chile”) y aseguró “haber sido testigo de qué manera se fue en búsqueda de aquellos lugareños que viven desde antes de la primera Constitución con la promesa del título de propiedad a cambio de que vendan”.

Antecedentes

La extranjerización de la tierra fue objeto de intenso debate legislativo en oportunidad del dictado del decreto N° 74/05, suscripto el 20 de enero de 2005, que  modificó el artículo 7º del Decreto N° 712/04.

Un año antes, este último decreto había aprobado un documento denominado Inventario Forestal Provincial, invocando un reclamo de intendentes municipales de la comarca andina.

La nueva redacción del artículo 7° estableció que “previo a la adjudicación en venta de tierras fiscales, la Dirección General de Bosques y Parques procederá a deslindar las superficies que posean Bosque Nativo, en base a la documentación citada en el Artículo 1º del presente Decreto, complementada con inspecciones en el lugar en caso de resultar ello necesario”.

A continuación se exceptúo de lo dispuesto “a aquellas superficies que a la fecha del presente Decreto cuenten con derechos precarios sobre tierras fiscales y cumplan con los requisitos para constituirse en adjudicatarios; a aquellas adjudicaciones en venta que no hayan sido perfeccionadas aún y que cuenten con un reconocimiento firme de un derecho a acceder a la propiedad y a aquellas superficies fiscales, libres de ocupantes que por motivos de interés social, previo estudio técnico se considere necesario destinar a la colonización, por parte del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural u organismo equivalente a nivel municipal”.

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