Lorenzo cuestionó interés de Di Perna por el avance de la extranjerización

“El dasnevismo ha sido partícipe de multimillonarios negocios inmobiliarios con la tierra pública y es el principal responsable del creciente avance de su extranjerización y cercamiento a los argentinos, con la complicidad de sectores locales”, aseguró hoy el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras conocerse declaraciones de la senadora nacional Graciela Di Perna, acerca de la presentación de un proyecto de ley sobre esa temática.

“Es llamativa esta aparición mediática cuando en realidad el partido de la senadora nacional en Chubut ha trabajado justamente en contra de cualquier defensa de la tierra pública y ha abierto la puerta para un negocio de miles de millones de dólares”, añadió.

“Por eso le recomiendo que interese al Poder Ejecutivo Provincial para que, en principio, deje sin efecto el decreto N° 74/05 que “permitió el otorgamiento de títulos a personas que vendieron sus campos a una intermediación interesada y embaucadora, la cual terminó entregando la tierra a extranjeros en casi su totalidad”, indicó el diputado.

Lorenzo señaló la existencia de “una verdadera red” en la que intervienen tanto el sector público como el privado “con un entramado jurídico que disimula el avance de los extranjeros sobre nuestra principal riqueza”.

Esta conjunción alcanza hasta la Casa del Chubut en París, “cuya principal tarea ha sido hasta ahora intervenir en los “Workshops” y foros de ofertas de Europa donde se ponen a disposición tierras chubutenses, destacando las fantásticas facilidades legales que se dan a los inversores”, reveló Lorenzo.

Descripción

La problemática de la extranjerización de las tierras se observa en las tres principales zonas del Chubut (cordillerana, meseta y costa) “aunque con las variantes lógicas de sus realidades geográficas”.

“En la primera son innumerables las operaciones inmobiliarias amparadas desde el oficialismo y se caracterizan por la existencia de la problemática conjunta del bosque nativo, un bien que pertenece a todos los chubutenses y que es desconocido”, dijo Lorenzo.

“En la meseta, poblada por pequeños productores descendientes de pueblos originarios aparece vinculado con la actividades de las grandes empresas mineras y la cuestión de las servidumbres que corresponden a los superficiarios, en tanto que la costa, zona fronteriza también, se asocia a iniciativas medioambientales”, reseñó el diputado radical.

Lorenzo recordó la identificación de las franjas fronterizas como zonas de seguridad y la particular presencia de la Península Valdés, patrimonio de la humanidad por decisión de la UNESCO, y del parque nacional marino entre Camarones y Comodoro Rivadavia, como ingredientes que favorecen, detrás de legítimos intereses de preservación, a la venta de las tierras y a su transferencia a los inversores extranjeros como ámbitos para su uso privilegiado.

No a la xenofobia

Las operaciones de traspaso se simbolizan en “la existencia cruda  de un simple alambrado que impide el acceso a los lugares públicos a quienes –en definitiva- tienen ese derecho: los ciudadanos argentinos”, describió.

“Y aquí hay que descartar cualquier actitud xenófoba. No estamos en contra de aquellos extranjeros, que también existen, que hacen su aporte al crecimiento del Chubut y se han integrado al resto de la población”.

“Sí estamos en contra de los especuladores locales y extraños que, al amparo de una legislación engañosa y oscura, estimula los negocios que engordan los bolsillos de unos pocos y condenan a la mayoría”, subrayó.

Pasividad estatal

Lorenzo insistió en que el proceso por el cual se produce la extranjerización de la tierra “tiene que ver con la pasividad del Estado en regular este tipo de cuestiones” y confió en avanzar durante el corriente año en “el necesario debate de la cuestión”.

“En el Congreso Nacional se han presentado múltiples iniciativas desde hace una década, proveniente de distintos sectores, pero lo concreto que el problema crece sin medida”, señaló el legislador provincial, recordando también la reciente alusión presidencial a reactivar el tratamiento legislativo de este tema ante el reclamo de

Pablo Orsolini, diputado nacional del radicalismo por  provincia del Chaco y ex directivo de Federación Agraria Argentina (FAA).

“Desde nuestro bloque –precisó Lorenzo- hemos impulsado un proyecto de acompañamiento a la iniciativa de esta entidad y trataremos que los objetivos básicos de esa propuesta, que apuntan a lo rural, se extiendan a la tierra en general, como valor sagrado de una Nación”.

“También queremos que el conjunto de la Legislatura nos acompañe para dirigirnos al ministro del Interior, Florencio Randazzo, en nuestra búsqueda de documentación esclarecedora para develar lo que estimamos son grandes negociados”

“Hay denuncias penales presentadas, hay acciones de inconstitucionalidad, hay conflictos de poderes, hay presentaciones hechas al Defensor del Pueblo de la Nación y de la Provincia porque obviamente hay responsables”, expresó el diputado radical.

Antecedentes

La extranjerización de la tierra fue objeto de intenso debate legislativo en oportunidad del dictado del decreto N° 74/05, suscripto el 20 de enero de 2005, que  modificó el artículo 7º del Decreto N° 712/04.

Este último decreto había aprobado, un año antes, un documento denominado Inventario Forestal Provincial, invocando un reclamo de intendentes municipales de la comarca andina.

La nueva redacción del artículo 7° estableció que “previo a la adjudicación en venta de tierras fiscales, la Dirección General de Bosques y Parques procederá a deslindar las superficies que posean Bosque Nativo, en base a la documentación citada en el Artículo 1º del presente Decreto, complementada con inspecciones en el lugar en caso de resultar ello necesario” pero añadió una excepción disimulada.

Exceptúo de lo dispuesto “a aquellas superficies que a la fecha del presente Decreto cuenten con derechos precarios sobre tierras fiscales y cumplan con los requisitos para constituirse en adjudicatarios; a aquellas adjudicaciones en venta que no hayan sido perfeccionadas aún y que cuenten con un reconocimiento firme de un derecho a acceder a la propiedad y a aquellas superficies fiscales, libres de ocupantes que por motivos de interés social, previo estudio técnico se considere necesario destinar a la colonización, por parte del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural u organismo equivalente a nivel municipal”.