Hecha la Ley, hecha la trampa

 

 

Los concejales representantes de Chubut Somos Todos de Gaiman acaban de aprobar nuevamente la emergencia económica para el Municipio, recurriendo a herramientas tramposas mediantes las cuales sólo necesitaron los seis votos de mayoría.

 

No queremos tramposos, queremos concejales apegados a la ley, que respondan por los intereses de la comunidad y no sólo del Ejecutivo.

 

El 23 de enero de 2016, y a solicitud del ejecutivo municipal, se aprobó por unanimidad la emergencia administrativa y económica. Además de facultar al ejecutivo a renegociar deudas, se lo autorizaba a contraer empréstitos.

 

Ya que aludían a la necesidad de la emergencia para sanear la pesada herencia recibida, preguntamos ¿qué se hizo con esto?, ¿qué deudas se negociaron?, ¿qué se saneó?.

 

En la última sesión del período ordinario del año 2016 el Ejecutivo presentó un proyecto en el cual pretendía prorrogar la emergencia por un año más. Dicho proyecto no fue aprobado y se solicitó expresamente al Ejecutivo incluir en el plan de saneamiento las deudas correspondientes al año 2016 y un detalle en el avance del pago anterior.

 

El 3 de febrero de este año se llamó otra vez a sesión extraordinaria para tratar un nuevo proyecto de emergencia económica. Llamativamente (o no tanto), no se acompañaron los datos oportunamente solicitados por los concejales de la oposición y, acá viene la trampa, se eliminó el artículo que contenía la autorización al ejecutivo para contraer empréstitos.

 

Con la modificación de la ordenanza, el oficialismo ya no necesitó contar con 7 votos para aprobar la emergencia económica, aprobándola con sus 6 votos.

 

Cabe destacar que, si bien informaron la nueva deuda contraída por la actual gestión, que ronda en los 10 millones de pesos (mucho mayor a la de 2014-2015), no quisieron detallar a qué corresponde.

 

La emergencia económica provee a las administraciones un andamiaje jurídico de excepción que, bajo este paraguas, recibe una serie de facultades extraordinarias.

 

Estas facultades extraordinarias deben ser utilizadas de acuerdo al objetivo planteado en su origen y dando cuentas cabales de lo ejecutado.

 

Anclar un pedido en una “terrible” herencia y luego casi duplicar el déficit y, para rematar, no explicar el gasto, es como mínimo desmesurado.

 

También lo podríamos llamar tramposo e inmoral: desde el cambio en la normativa no respetando al poder legislativo, como el atropello al derecho popular de saber cuándo, cómo y para qué es utilizado el dinero que les pertenece.