Criterios y criterios

Se publicó hace unos días en la página de la Agencia de Noticias del Poder Judicial que el Juez

 

Por Luis Dupuy

dupuy2019@gmail.com

 

Se publicó hace unos días en la página de la Agencia de Noticias del Poder Judicial que el Juez  Claudio Bonadio citó a varios funcionarios actuales y ex del Gobierno de Cristina Fernandez, en el pasado inmediato, a declaración indagatoria en una causa por malversación de caudales públicos.

La información textual expresa: “Existiendo el grado de sospecha suficiente para oír a tenor del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, al Subsecretario de Comunicación Pública  Rodrigo Martín Rodríguez, al Subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión Gustavo Fernandez Russo, al Secretario de Comunicación  Pública de la Nación  Dr. Alfredo Scoccimarro,  y al entonces Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación  Dr. Juan Manuel Abal Medina, en orden a los hechos investigados en la presente causa, fíjanse las audiencias de los días 20, 24, 26 y 27 del corriente mes y año a las 10.30 horas, respectivamente.

Requiérase su notificación al Sr. Jefe de Gabinete de Ministros de la cual dependen dicha Secretaría y Subsecretaría, mediante oficio y, en el caso de Abal Medina, requiérase se informe a este Tribunal su domicilio real registrado.”

El Diario La Nación sobre estas citaciones comentó en su edición del pasado día 12 del corriente: “Todos ellos están involucrados en una causa que se inició ante la denuncia de los legisladores de Pro Cristian Ritondo y Daniel Presti, luego de que el Gobierno diera a conocer en agosto de 2012, durante una transmisión de Fútbol para Todos, un spot que cuestionaba a la administración de Mauricio Macri por el manejo del subte.

El anuncio de la polémica se transmitió 11 de agosto de 2012, en el entretiempo de River Plate contra Estudiantes de La Plata. En el spot de poco más de dos minutos, la Casa Rosada responsabilizaba al jefe de gobierno porteño por el conflicto gremial que mantuvo paralizado el subte durante varios días, además de la administración, las tarifas y los vagones de los trenes. «El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?», se preguntaba el aviso, que cerraba con el sello de Presidencia de la Nación.

Ritondo y Presti denunciaron a los responsables en aquel momento de la comunicación gubernamental por «utilizar fondos públicos -que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos- para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual, relacionada con una cuestión de corte netamente político y que en este momento se encuentra en puja con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires». Según la ley, el delito de malversación pública «será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años».

La pregunta que no podemos responder nosotros es, en Chubut la Fiscal General Silvia Pereira, no tiene sospecha de mala utilización de fondos públicos, en la era de Mario Das Neves entre otras oportunidades con la difusión publicitaria que se realizó en reiteradas oportunidades en Canal 7 Chubut TV, específicamente con la Campaña Das Neves Presidente 2011?

La Causa contra Daniel Taito, está cajoneada por la Fiscal Pereira. Daniel Taito y Rubén Fernandez, fueron quienes a su tiempo eran quienes ordenaban que la emisora de TV del Estado del Chubut, que retransmitieran los actos de campaña que en diferentes lugares del país, concretó el entonces Gobernador Das Neves, como precandidato Presidencial.

El tiempo de televisión es tradicionalmente elevado, y nunca se le pagó a la emisora del Estado dinero alguno por la utilización de muchas horas de retransmisiones, donde se sospecha que los costos de realización y tiempo de uso de satélite también eran pagados por el Estado provincial.

Si la Fiscal Silvia Pereira tuviese un criterio similar al del Juez Claudio Bonadio, debería investigar qué pasó con la emisora Estatal.

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