Chubut: “Ley de Emergencia educativa, salud y seguridad”. Un proyecto de ley para desviar la lucha.

La Mesa de Unidad Sindical y el FPV- PJ presentaron un Proyecto de Ley que pese a su nombre (engañoso): El proyecto de ley de emergencia, educativa, salud y seguridad” tiene poco y nada de progresivo y puede costarle caro a los trabajadores.

La finalidad política del Proyecto es clara. Para la MUS es de “vida o muerte” tomar una iniciativa que canalice un movimiento que no encuentra respuestas y amenaza con desbordar todo control; para el FPV-PJ, llevar el conflicto al terreno legislativo (manejable) y reposicionarse como alternativa de cara a las elecciones del 2019.

De qué hablamos

Algunas observaciones, a la letra del proyecto, permiten entender de qué hablamos. Al inicio de sus considerandos se dice: “El presente proyecto de Ley pretende la creación de un fondo especial denominado “FONDO DE EMERGENCIA DE LA EDUCACION, LA SALUD Y LA SEGURIDAD”. Es decir que la emergencia se extiende a la Policía (que es el órgano de Seguridad dependiente de la provincia) y parte de lo recaudado, en caso de aprobarse la ley, será destinado a mejorar su funcionamiento. En una provincia fuertemente militarizada y con grandes convulsiones sociales, otorgar mayores recursos económicos a los encargados de reprimir las protestas sociales, es una insensatez.

Por otro lado, la declaración de la emergencia “de los sistemas de Educación, Salud y Seguridad en Chubut por el término de un año” puede redundar en un agravamiento de la situación. Las declaraciones de emergencia nunca han sido buenas noticias para los trabajadores; basta recordar la emergencia económica chubutense de los años ‘90 que congeló salarios por 10 años o la de meses pasados que dio lugar a los decretos…… En nombre de la emergencia y la crisis siempre se justifica el ajuste, en materia salarial y condiciones laborales de los sectores populares y obreros.

“El fondo”, que será “transitorio, equitativo y razonable” pretende “aumentar los ingresos del Estado… sin afectar los derechos económicos de los sectores que deben contribuir… en el marco de la responsabilidad social empresaria”.

Pero las grandes empresas, a las que no se afectará “sus derechos de propiedad y económicos” son directa o indirectamente las responsables de la crisis actual, ya que el desangre económico de la provincia es producto, fundamentalmente, de de las subvenciones, protección, garantías y salvatajes financieros, que todos los gobiernos utilizaron a favor de los pulpos mineros, petroleros o pesqueros. EJEMPLOS

Cuando habla de la utilización del fondo para atender el “bienestar general” – y puntualiza: “bienes de consumo, servicios, bienes de capital y subsidios” – el proyecto insiste en la misma línea de saqueo al servicio de los capitalistas.

Dádivas… y a cuenta

En lugar de una “dádiva” lo que corresponde es, primero, investigar exhaustivamente el origen de las deudas provinciales, establecer su posible carácter fraudulento y recuperar el dinero ejecutando los patrimonios personales de los ejecutivos y funcionarios comprometidos y expropiando aquellos bienes que corresponda. Y segundo, diseñar una completa reestructuración de la responsabilidad fiscal y tributaria de los sectores que cuenten con los mayores ingresos.

El fondo, además, podrá ser utilizado por el Gobierno a su antojo, ya que el proyecto solo señala que “el Estado tiene el deber de destinar a las necesidades de los derechos sociales, los recursos suficientes dentro del gasto público”: una generalidad.

En cuanto a los “impuestos, gravámenes y medidas” que se instrumenten, para el caso de las “Petroleras, hidroeléctricas y Gasiferas (las grandes beneficiadas con  Das Neves y, ahora con Arcioni) se los toma como ADELANTO extraordinario de regalías. Es decir un paliativo que agrandará el agujero en el futuro.

Los impuestos inmobiliarios rurales a las grandes superficies de campo, tienen una formulación tan enrevesada y con tantas exenciones, que lo más probable es que su aplicación no alcance a los grandes terratenientes, como Benneton, especialistas en esquivar obligaciones legales.

El ítem “ingresos brutos”, sin los controles adecuados, será trasladado a los precios, es decir que lo pagarán los usuarios o consumidores finales, y de paso empeorará la situación laboral y salarial a los trabajadores de los sectores afectados. Del mismo modo que el proyecto de ley (impulsado por la Federación empresaria del Chubut) sobre beneficios a las PYMES termina favoreciendo a los grandes empresarios, par los cuales trabajan las empresas pequeñas, como satélites, y de ese modo evaden cargas y utilizan modalidades de contratación fraudulentas.

Por último, el “control de los fondos” que el proyecto destaca a fin de “garantizar la transparencia en el gasto, incorporando formas de control ciudadano” es otro engañapichanga, ya que el ciudadano solo podrá hacer un seguimiento por internet de las cantidades que entran y salen, sin intervenir en lo más mínimo para direccionar los recursos de acuerdo al interés de la mayorías y sus prioridades. Esa tarea  se deja en manos de representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo, de la CGT, de la CTA y la FECH: prácticamente todos los involucrados en los chanchullos que causaron la ruina de Chubut.

En conclusión: el contenido del proyecto no tiene nada de progresivo – en realidad, lo contrario- y, por su función política, es directamente reaccionario; desvía la lucha y conduce al movimiento al callejón sin salida del parlamentarismo estéril.

Tres propuestas

En oposición a esta orientación, promovida por la MUS, el FpV-PJ y otras fuerzas sindicales, el Partido Obrero propone tres medidas urgentes y sencillas:

1) Que los gremios que integran la MUS realicen un gran plenario, con delegados electos por sus bases y con mandato de asambleas, que resuelva una lucha común para arrancar lo adeudado y un programa de salvataje de la provincia. Que se reorganice el sistema de impuestos gravando de manera progresiva a las grandes empresas y fortunas personales de la provincia.

2) Que se suspenda de manera inmediata el pago de la deuda provincial usuraria, se investigue su origen y se juzgue a todos los responsables del desastre actual.

3) Los fondos siempre están, o pueden estar, si la provincia ¡y la Nación! son emplazadas con una lucha a fondo. Que se exija al Gobierno nacional una transferencia directa para el pago de salarios adeudados, que sea controlada por los sindicatos.