Causa “Revelación”: imputaron a 11 empresarios de la construcción más y los fiscales tendrán más tiempo para investigar

publicado el 11 octubre 2018


En una serie de tres audiencias que se iniciaron a las 14 de este miércoles, el juez de garantías Sergio Piñeda imputo a 11 empresarios de la construcción más por pagar coimas a funcionarios provinciales a cambio de que desde el Gobierno Provincial se realicen los pagos atrasados por obras públicas, a la vez que le concedió a los fiscales más tiempo de investigación.

La causa ya tiene a 37 imputados entre ex funcionarios públicos y empresarios de la construcción de toda la provincia a la vez que se investigan más de un centenar de hechos. La complejidad de la investigación y la posibilidad de que mediante argucias legales no se llegue hasta el final de la misma mediante la realización del juicio oral y público que determine la culpabilidad o no de los imputados, hizo que los fiscales pidieran se catalogue a la investigación como “caso complejo”. En este sentido pidieron cuatro meses más para investigar, por lo que el plazo se extenderá hasta el 22 de marzo del próximo año.

En la primera de las audiencias de ayer se produjeron nuevas imputaciones y quedó abierta la investigación contra 11 empresarios más. Se trata de Claudio Díaz, Massoud Ighani, Javier Ban, Gustavo García Moreno, Diego Cagnolo, Marcelo Pasquini, Salvador Indómito, Claudio Gatica, Miguel Freile, José Rossi y Juan Riquelme. Según la investigación de los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápolim, en total todos los imputados pagaron 13.824.897,77 pesos en coimas a la Unidad Gobernador durante la última gestión de Mario Das Neves al frente de la provincia para poder cobrar en conjunto  675.482.021,68 pesos por obras públicas ejecutadas o en ejecución. Quien más habría pagado, es el empresario Massoud de la empresa Rigel Construcciones S.R.L. un total entre cheques y dinero en efectivo de 3.970.000 pesos.

Según el esquema de los investigadores para concretar la maniobra, el titular de la Unidad Gobernador Diego Correa –detenido- pedía la coima y acordaba el monto a pagar, luego le pedía a Martín Bortagaray del IPV o a Alejandro Pagani del Ministerio de Infraestructura que emitan la orden de pago para finalmente Pablo Oca, Ministro de Economía, ordene el pago de los adeudado por el Gobierno.

Cabe destacar que a excepción del defensor de Correa y Oca, el abogado Fabián Gabalachis, el resto de los defensores y los cinco querellantes no se opusieron a la calificación de “investigación compleja”. El defensor de Alejandro Pagani, el defensor Carlos Billada se opuso a la apertura de la investigación por considerar que los fiscales no cumplían con las obligaciones procesales para ello. Su postura no prospero al momento de resolver el juez Piñeda.

Suspensión de juicio a prueba

La última audiencia se inició a las 18.30 para seguir debatiendo el ofrecimiento que realizaron los empresarios Ignacio Salaberry, Patricio Musante y Esteban Torraca para realizar obras en favor de la comunidad mediante la figura de la reparación y se les aplique la suspensión del juicio a prueba. Los fiscales Iturrioz y Nápoli mantuvieron la postura de que se aplique esta figura legal pero los querellantes tuvieron posiciones dispares que iban desde el rechazo a esa posibilidad, hasta el de solicitar mayores exigencias al momento de la reparación ofrecida. A las 20 de este miércoles esta audiencia aún continuaba.

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Posturas distintas entres los acusadores al debatirse la “probation” para cuatro empresarios imputados en la causa “Revelación”

Pasadas las 21,30 de este miércoles continuaba un arduo debate en la Oficina Judicial de Rawson entre los defensores de cuatro de los empresarios imputados en la causa “Revelación”, los fiscales de la investigación y los querellantes, todos con posturas de distinto tamices respecto de la aplicación de la suspensión del juicio a prueba mediante la figura de la reparación con la ejecución distintas obras en beneficio de la comunidad.

Se trata de los empresarios Oscar Peña, Esteban Torraca, Patricio Musante e Ignacio Salaberry, todos imputados en una maniobra de pago de coimas a funcionarios provinciales para que éstos destraben el pago de obras públicas que habían ejecutado, durante los últimos años de la gestión del ex gobernador Mario Das Neves.

Esta tercera audiencia fue la continuidad de otras dos que se iniciaron pasadas las 14 horas.

En el inicio de la audiencia iniciada pasadas las 18.30 de este miércoles, los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz mantuvieron la postura de aceptar el ofrecimiento original de los empresarios de reparar a las sociedad mediante la ejecución de obras en favor de la comunidad, a ejecutar en un plazo de 18 meses, además de someterse a un programa de conducta en cuanto a la transparencia de los procederes y de responsabilidad empresarial. Destacaron también que la imputación contra los empresarios permite la aplicación de la “probation”, destacando que las coimas que pagaron fueron para poder cobrar dinero lícito de obras públicas que habían realizado para el gobierno del Chubut.

La postura de los fiscales no fue acompañada por diferentes argumentos y con distintos matices por los querellantes de Iniciativa Ciudadana, los diputados denunciantes, la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y el abogado comodorense Eduardo Conde.

Iturrioz y Nápoli propusieron además que, por sobre la oficina de ejecución penal, se dispondrá de un técnico dependiente del Ministerio público Fiscal, para que realice el seguimiento de la  ejecución de las obras.

Rechazo

El abogado querellante Eduardo Hualpa de Iniciativa Ciudadana, se opuso a la aplicación de la figura de la suspensión del juicio a prueba. Argumentó que está en contra de que se les conceda la probation a los cuatro empresarios porque “se corre el riesgo que la reparación que proponer sea incluida en los costos de costos de los empresarios y así vuelvan a delinquir” previniendo los costos económicos de estar nuevamente involucrados en un caso similar.

Blas Mesa Evans de los diputados denunciantes, apoyó la posibilidad de aplicación de la probation. Pero dijo que no está de acuerdo con las obras ofrecidas para reparar el daño a la sociedad. Argumentó que no es proporcional a todo lo cobrado por las empresas. Propuso que se siga un único parámetro: la reparación mediante la construcción de obras que signifiquen un 2% de lo cobrado por las obras ejecutadas al Estado. Propuso además la realización de 100 horas de tareas comunitarias para los cuatros imputados.

Desacuerdo de Conde

El abogado Eduardo Conde querellante particular, afirmó que no está de acuerdo con la suspensión de juicio a prueba. Dijo que “se trata de un delito muy grave” y que “el daño moral a la sociedad chubutense que hemos soportado no es posible de ser remediable”. Propuso que los imputados sean sometidos a juicio oral y público.

El fiscal Iturrioz pidió la palabra y dijo que “por sobre las ganancias y las pérdidas, quienes defraudaron a la sociedad fueron los políticos funcionarios públicos, y no estos empresarios de la construcción. A ellos no los vi en las calles prometiendo algo a la sociedad” destacó para concluir que “las soluciones que ofrecen los imputados aportan una devolución real a la sociedad”.

Por su parte el representante de la Oficina Anticorrupción, Guillermo Hansen, reitero su anterior postura, la de adherir a la propuesta de los diputados querellantes que realizaron oportunamente la denuncia.

Por su parte la Fiscalia de Estado, en la palabra del doctor Stampone, adhirió a la necesidad de reparar económicamente a la Provincia. Agregó que “deberá ser una reparación acorda al perjuicio económico causado”. Destacó que partiendo que el “el  daño no se puede cuantificar, lo más realista sería una reparación económica acordé al tamaño de cada empresa”.

Pasadas las 21 comenzaron a exponer sus posturas los abogados defensores de los imputados que en general apuntaron a mantener las propuestas originales en cuento a la ejecución de obras en beneficio de la comunidad de sus respectivas ciudades.

-Producido por el Area Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.

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