29 marzo 2024

800.000 hectáreas liberadas para negocios inmobiliarios en Chubut

El bloque de la Unión Cívica Radical exhortó a recuperar el debate legislativo

El bloque de la Unión Cívica Radical exhortó a recuperar el debate legislativo para “definir y comenzar a ordenar” cuestiones de fondo como el manejo de las tierras públicas con bosques nativos en Chubut y reivindicó la necesidad de que “no haya más grises” en un tema pendiente de reglamentación a partir de la unanimidad alcanzada y consolidada en la Constitución Provincial.

“Tenemos que ser la garantía de que se respete que los bosques son para las futuras generaciones y no para negocios inmobiliarios de los intendentes municipales”, señaló el diputado Carlos Lorenzo al presentar una propuesta de ley que apunta a movilizar la intervención parlamentaria en un debate “que ponga blanco sobre negro” a esta problemática actualizada a partir del decreto N° 268 del pasado 10 de marzo.

Mencionó también la existencia de “un conflicto funcional” motivado por la ausencia de legislación que ha desembocado en “una compleja relación” entre el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural – IAC y la Dirección General de Bosques y Parques.

La Provincia del Chubut posee 800.000 hectáreas de bosques nativos de las cuales 600.000 son tierras públicas, tanto de jurisdicción provincial como municipal, de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Ingenieros Forestales a una comisión Interpoderes conformada en 2002 para avanzar en la búsqueda de soluciones y que se tradujo en encuentros y  aportes de proyectos, uno de los cuales ha servido ahora para reimpulsar la discusión del tema irresuelto.

Mayoría especial

“El bloque radical será firme defensor del artículo constitucional que habla que la enajenación del bosque nativo pasa solamente por la aprobación de los 4/5 de los diputados de esta Legislatura”, sostuvo Lorenzo.

“El bosque nativo es para su explotación racional y no para que lo vengan a alambrar en un negocio inmobiliario y termine en manos de extranjeros que compran tierras baratas”, advirtió.

Sospechas y faltas

Lorenzo subrayó que “desde el bloque de la UCR se tiene la sospecha que el Director General de Bosques no estaba enterado de este decreto”, en alusión al N° 268/11 y recordó que “no es la primera vez que hay una intención de avanzar los intendentes municipales en el tema de la tierra pública dentro de los ejidos comunales”.

“Reconozco que hay una falta del Poder Legislativo en no haber avanzado en poner en blanco y negro estas cuestiones. El artículo constitucional N° 105 requiere una reglamentación”, añadió, lamentando la pérdida de oportunidades en acordar proyectos similares en 2002, en ocasión de avanzar con una Comisión Interpoderes. “No hubiéramos tenido los problemas que hoy acarrea el manejo de la tierra fiscal pública con bosque nativo”, aseguró.

Reivindicó luego la raigambre constitucional que posee la defensa del bosque nativo y su violación expresa en el decreto 268/11. “La no intervención de la Dirección General de Bosques hace concretamente que los intendentes municipales vayan a otorgar en venta tierras fiscales con bosques nativos”, consignó.

Preservación

“El bosque nativo es propiedad del Estado y el Estado es la expresión jurídica de todos nosotros. Los constituyentes acordaron, por unanimidad, que al bosque nativo no hay que tocarlo, hay que preservarlo para las futuras generaciones, con una compleja excepcionalidad: que 22 sobre un total de 27 diputados se pongan de acuerdo para votar una enajenación”, explicó Lorenzo.

“Tenemos la convicción que el decreto 268/11, al igual que el 74/05, son inconstitucionales. Los dos permiten la enajenación del bosque nativo y tienen atados a una presión permanente que han hecho intendentes municipales buscando manejar el negocio de la tierra pública”, continuó.

Lorenzo subrayó la necesidad de conocer “al autor intelectual” de ambas decisiones y enumeró sus componentes. “El 74/05 es muy grave porque marcaba una excepcionalidad para la obligación del deslinde del bosque nativo. Por lo menos le daba una participación a la Dirección General de Bosques en esta excepcionalidad. Ahora hicieron directamente un atajo. El otorgamiento de tierra pública en los ejidos municipales no tiene intervención más de la Dirección General de Bosques, única autoridad para realizar ese deslinde como autoridad forestal provincial creada por ley”, aseguró.

Ilegalidades y fallas

Lorenzo admitió que “posiblemente haya municipios con algún tipo de inconvenientes de tipo urbano” pero insistió en que “la Constitución Provincial dice que el bosque nativo es del Estado Provincial y que para que así no sea lo deben votar 4/5 de los diputados”.

“Pero lo más grave es que se avanza sobre el decreto 712, un buen decreto que tiene el problema de la excepcionalidad del 74/05”, prosiguió, alertando sobre la eliminación para los intendentes municipales de la intervención de la Dirección General de Bosques en la entrega de títulos de propiedad donde haya bosques nativos.

Otra ilegalidad es que deroga el decreto N° 1530 “que creó y ordenó muy bien las reservas forestales” en el marco de una “política pública de funcionarios visionarios que nos antecedieron hace muchísimo tiempo”.

“Haber derogado el decreto 1530 es haberle fallado la memoria a Francisco “Paco” Cruz, “un político desarrollista que durante un gobierno peronista llevó adelante este tema de las reservas forestales y pensó en las generaciones futuras”, evocó Lorenzo, condenando que “ese bien del Estado pasó a los municipios por un decreto y dejó de ser reserva”.